Morelia Michoacán a 23 de octubre 2020.-En México es necesario impulsar y concretar juntos el progreso de nuestro país, a fin de lograr un piso de bienestar que genere condiciones de justicia para los estados y municipios, más ante la grave crisis que hoy se vive, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, integrante de la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, quien convocó a cerrar filas con la Alianza Federalista.
La legisladora consideró positivo la suma de esfuerzos para demandar mayores recursos para los estados y municipios, a lo que se requiere de la participación solidaria de todos, especialmente de los representantes populares para lograr mayores recursos y acciones afirmativas que generen bienestar y un verdadero progreso en nuestro país.
Por ello, consideró positivo las acciones que se impulsan mediante la Alianza Federalista para defender el presupuesto de cada entidad federativa, así como exigir respeto y trato justo por parte de la Federación.
“En México es urgente un nuevo esquema para la distribución de los recursos, ya que es la única forma de que crezca la economía y se garantice el desarrollo a los estados y municipios, y que en el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal se garantice la justa distribución de los recursos y no se apueste por seguir ahogando a las entidades, como lo ha hecho esta administración Federal”.
Lucila Martínez calificó como grave que, en el proyecto del Presupuesto Federal para el 2021, se establezca una reducción del 5.5 por ciento para las entidades federativas, por lo que es necesario la suma y solidaridad de todos para defender a los estados y municipios.
“Urge que los diputados de Morena no se nieguen a revisar y adecuar el régimen de distribución de competencias y responsabilidades entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios y reconsiderar los recortes que la Federación planteó en el proyecto de presupuesto”.
Se pronunció por un nuevo federalismo que genere condiciones de equidad en la distribución de los recursos y erradicar así el castigo histórico que han sufrido los estados y municipios en México y se agudizó en esta administración federal.