-Aprueba Senado Reforma Constitucional
-Mayor certeza y justicia para víctimas
-Un paso firme para garantizar seguridad y justicia
-Se fortalece marco legal para prevenir, sancionar e investigar
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.– Con el fin de prevenir, investigar y sancionar de manera más efectiva el delito de extorsión, que tanto daña a las familias mexicanas, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General contra la Extorsión, resaltó la Senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, quien resaltó que se da un paso firme para garantizar seguridad y justicia, así como brindar mayor protección a las víctimas.
La senadora explicó que esta reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados, cerrando espacios de impunidad y brindando mayor certeza a las víctimas.
“La disparidad entre los códigos penales locales y el Código Penal Federal dificultaba el combate a la extorsión y permitía que la delincuencia organizada aprovechara vacíos legales para evadir la justicia. Hoy estamos dando un paso firme hacia un marco jurídico homogéneo que permitirá investigación, persecución y sanción uniformes”, señaló la legisladora michoacana.
La minuta aprobada deriva de la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones económicas, psicológicas y sociales que provoca.
Araceli Saucedo subrayó que esta reforma fortalece el derecho de acceso a la justicia y la seguridad de las y los mexicanos, al tiempo que permitirá diseñar protocolos de denuncia y atención más claros, accesibles y efectivos.
“Con esta reforma estamos cumpliendo con nuestr*Araceli Saucedo respalda estrategia nacion7al para frenar la extorsión*
-Aprueba Senado Reforma Constitucional
-Mayor certeza y justicia para víctimas
-Un paso firme para garantizar seguridad y justicia
-Se fortalece marco legal para prevenir, sancionar e investigar
Ciudad de México, a 24 de septiembre de 2025.– Con el fin de prevenir, investigar y sancionar de manera más efectiva el delito de extorsión, que tanto daña a las familias mexicanas, el Senado de la República aprobó la reforma constitucional que faculta al Congreso de la Unión a expedir la Ley General contra la Extorsión, resaltó la Senadora por Michoacán, Araceli Saucedo Reyes, quien resaltó que se da un paso firme para garantizar seguridad y justicia, así como brindar mayor protección a las víctimas.
La senadora explicó que esta reforma permitirá perseguir de oficio este delito, homologar penalidades y agravantes en todo el país, y fortalecer la coordinación entre la Federación y los estados, cerrando espacios de impunidad y brindando mayor certeza a las víctimas.
“La disparidad entre los códigos penales locales y el Código Penal Federal dificultaba el combate a la extorsión y permitía que la delincuencia organizada aprovechara vacíos legales para evadir la justicia. Hoy estamos dando un paso firme hacia un marco jurídico homogéneo que permitirá investigación, persecución y sanción uniformes”, señaló la legisladora michoacana.
La minuta aprobada deriva de la iniciativa presentada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y del Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030, que considera este delito como de alto impacto por las repercusiones económicas, psicológicas y sociales que provoca.
Araceli Saucedo subrayó que esta reforma fortalece el derecho de acceso a la justicia y la seguridad de las y los mexicanos, al tiempo que permitirá diseñar protocolos de denuncia y atención más claros, accesibles y efectivos.
“Con esta reforma estamos cumpliendo con nuestra obligación constitucional de proteger la integridad física, psicológica y patrimonial de las personas. Es un paso firme para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluyó.a obligación constitucional de proteger la integridad física, psicológica y patrimonial de las personas. Es un paso firme para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones”, concluyó.
