Es responsabilidad de los legisladores fortalecer el marco legal y promover incentivos para que el servidor público actúe correctamente
Morelia Michoacán a 8 de septiembre 2020.-El combate a la corrupción debe dejar de ser una simulación, y que aquellos servidores públicos reincidentes en conductas que atenten el recto desempeño de la función que les fue encomendada, sean inhabilitados de manera permanente, subrayó el diputado Octavio Ocampo Córdova, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estando.
El diputado por el Distrito de Huetamo recalcó que, en un país como México, tan convulsionado por múltiples problemas, es responsabilidad de los legisladores fortalecer el marco legal y promover incentivos para que el servidor público actúe correctamente.
“En México se debe dejar de manosear el tema del combate a la corrupción con motivos político-electorales, y aplicar medidas eficaces, con apego a la legalidad, que permitan sancionar de manera real y no mediática a quienes traicionan su responsabilidad en el ejercicio de la tarea pública para beneficio propio”.
Octavio Ocampo recordó que en esa perspectiva promovió una reforma a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado para que aquel servidor público que haya sido sancionado e inhabilitado temporalmente, si reincide, sea inhabilitado de forma permanente, misma que se encuentra en proceso de dictaminación en las comisiones legislativas.
“La corrupción es una enfermedad dentro de los gobiernos, y es importante señalar que en los últimos años ha cobrado importancia el interés general por combatir este mal, mediante distintas maneras, una de ellas la ética pública”.
Destacó que el costo de la corrupción es demasiado alto para la vida pública de cualquier Estado, en tanto que la falta de ética en el sector público no es una cuestión de palabras, sino que se manifiesta mediante actos concretos con repercusiones evidentes en la que políticos y funcionarios utilizan su autoridad y sus atribuciones para beneficio propio, solos o en complicidad con grupos, desviando los recursos públicos y afectando a una parte de la sociedad al generar desigualdad.
