*Morelia, Michoacán a 20 de octubre de 2025.- El sector empresarial de Michoacán lanzó fuerte condena y un enérgico reclamo de justicia, tras el artero asesinato de Bernardo Bravo, lider limonero del Valle de Apatzingán y encargado del tianguis limonero, cuyo cuerpo fue encontrado con signos de violencia sobre la carretera Apatzingán–Presa del Rosario.
El crimen que ha causado conmoción entre los sectores sociales, políticos, económicos y productivos, es porque ocurre a pocas semanas de que el propio Bravo Marqués denunció públicamente la extorsión, la inseguridad y la violencia que aquejan al sector limonero en la región de Tierra Caliente.
Ante estos hechos, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) Michoacán, expresó su profunda indignación y exigió al Estado mexicano una respuesta inmediata y contundente.
En un posicionamiento dado a conocer públicamente hoy en Michoacán, precisan… “Exigimos a las autoridades de los tres niveles de gobierno esclarecer los hechos, identificar y castigar a los responsables materiales e intelectuales, y garantizar condiciones reales de seguridad para quienes trabajan y producen en el campo michoacano”.
COPARMEX advirtió que el sector agrícola, base de la economía michoacana, enfrenta un escenario de riesgo que amenaza la productividad, la comercialización y la vida de miles de productores.
“Ningún trabajador o empresario debería enfrentar amenazas, extorsiones o violencia por cumplir con su labor”, enfatiza el pronunciamiento de los empresarios michoacanos.
Ante ello, la organización patronal, junto con su Comisión de Seguridad, demandó el refuerzo inmediato de la vigilancia en las zonas productivas, la protección efectiva del sector agroalimentario y la instalación de mesas de trabajo permanentes entre autoridades y productores, para atender directamente las denuncias y diseñar soluciones que fortalezcan la seguridad y la confianza ciudadana.
Finalmente, COPARMEX Michoacán retó a que sea el esclarecimiento del asesinato de Bernardo Bravo, presidente de Citricultores en el Valle de Apatzingán, una prueba de voluntad real del Estado mexicano y de Michoacán para frenar la impunidad y reconstruir la confianza social.
“La protección de nuestros agricultores no puede esperar más. La ley debe hacerse valer y la violencia detenerse”, concluyó el posicionamiento de los empresarios michoacanos.
