Antonio Tenorio Adame
Si es cierto que en política no hay casualidades, es posible entender que el ex presidente Ernesto Zedillo esperaba a la clausura de sesiones ordinarias del Congreso para exigir se investigue la administración de AMLO en la destrucción del aeropuerto, que estaba a punto de terminar de construir, así como las obras de Dos Bocas y el Tren Maya.
Las Minorías por la crítica.
Los efectos alcanzados por la denuncia fueron evitar que el Congreso atrajera el debate, a la vez apagar los puntos medulares de su periodo ordinario, como la postergación de la nueva Ley de Telecomunicaciones, que fue devuelta a Comisiones, así como se diera el informe de la seguridad nacional, y la reforma a la Ley de Armas, entre otros temas.
A la vez, la intención del ataque del expresidente Zedillo no era otro que elevar el debate abierto, tuvo la respuesta de la presidenta Sheinbaum, objetivo logrado al conseguir tres veces la réplica de la Presidenta, un acontecimiento desmedido en el transcurso de la vigencia del sistema del presidencialismo.
Ya en el pasado inmediato durante su mandato, Andrés Manuel López Obrador mantuvo un intercambio de reclamaciones mutuas con su homólogo Felipe Calderón, la confrontación se mantuvo hasta que éste optó por el repliegue.
En el pasado lejano en la etapa de control callista se experimentó “el maximato”, que consistía en las críticas del “Jefe máximo”, el expresidente Plutarco Elías Calles, que vertía sobre la actividad presidencial, un dominio que puso fin al presidente Lázaro Cárdenas del Río, quien lo obligó a salir del país. Una medida de consideración, medida en una época donde el exterminio físico era común.
El régimen del presidencialismo se caracterizó por ser un sistema de partido único y hegemónico, donde el Jefe de Nación y de Gobierno, era jefe de partido, como también mantenía el poder de nombrar a su sucesor. Así garantizaba la impunidad de los ilícitos cometidos durante su mandato.
Durante la Segunda Guerra Mundial se promulgaron leyes de seguridad para evitar actos de sabotaje; fue como se puso en vigor “el delito de disolución social”, cuya sombra propició la represión de: control electoral, partidos políticos, laborales, y derechos sociales, abriendo paso a detenciones, prisiones, masacres, homicidios, desapariciones, incluso su aplicación llegó a cubrir la “guerra fría”, lo que generó en 1961, el surgimiento del Movimiento de Liberación Nacional, mpulsado por el expresidente Lázaro Cárdenas del Río.
El Movimiento de Liberación Nacional (MLN) tuvo de inmediato un contestatario auspiciado por intereses oficiales y de orden anticomunista, el Frente de Afirmación Cívica (FCA), su dirección nacional fue asumida por otro expresidente de la República: Miguel Alemán Valdés, además entre sus principales alfiles se encontraba otro ex mandatario, Emilio Portes, Gil.
Ambos organismos, MLN y FAC, mantuvieron una lucha, opositora, abierta, declarada e irreconciliable; contando siempre el bando pro gobierno e imperio el acceso a los medios masivos de comunicación, mientras que la lucha contestataria se realizaba por medio de la movilización social, alcanzando su expresión en movimientos cívicos en algunas regiones del país, ocupación de tierras para exigir el reparto justo de la tierra y el ejercicio, la huelga por los sindicatos obreros independientes. Es decir, una lucha relativamente precaria por los riesgos que representaba la represión del uso de la fuerza pública, hasta que sus abusos de poder empuñados quedaron repudiados por el M68.
Las Mayorías en apoyo al régimen.
Posterior al sangriento drama de Tlatelolco del 2 de octubre, a fines del régimen de Luis Echeverría, se dio paso a la integración de una Legislatura de corte plural, donde se incluían a diversas personalidades y líderes de opinión con participación en la lucha de la movilización social universitaria, una característica de la L Legislatura.
La iniciativa de reforma política para un pluralismo de partidos, abría la inclusión de partidos, históricamente marginados, y en ocasiones obligados a la ilegalidad; de tal suerte, el Código Federal de Instituciones de Partidos Políticos y Procesos Electorales, COFIPPPE, propició la apertura política de integrar en los procesos de elección a todas las manifestaciones ideológicas y de militancia.
Esta es la entrada de lo que se llamaría posteriormente la reforma democrática plural de la Nación.
En la sucesión presidencial de 1987 se formó la Corriente Democrática, “por una Nación, independiente, justa, libre y productiva”.
El nuevo órgano político disputaba inicialmente la atribución del Presidente de nombrar a su sucesor y derivó en una coalición de partidos, como: el Auténtico de la Revolución Mexicana; el Frente Cardenista de la Reconstrucción Nacional, el Popular Socialista y el Socialista Unificado Mexicano.
Las elecciones presidenciales de 1988 fueron muy competitivas entre los candidatos Cuauhtémoc Cárdenas y Carlos Salinas de Gortari; el cómputo de casillas tuvo un desenlace vergonzoso que despertó el cuestionamiento del fraude electoral, con la caída del sistema de cómputo, que en sus principios favorecía al candidato de la Corriente Democrática, con la suspensión del cómputo de urnas se revirtieron los resultados culminando el proceso del Colegio Electoral instalado en la Cámara de Diputados con el incendio del recinto legislativo, en la parte donde se resguardaban los votos de la elección. Las llamas consumieron también las esperanzas de un cambio pacífico y transparente en la sucesión Presidencial.
El arribo de Carlos Salinas de Gortari a Palacio Nacional propició la incertidumbre de usurpación del cargo presidencial, procediendo a instalar un poder sin clara base de legitimidad.
El objetivo trascendente de este ejercicio no era otro que el de cambio de forma del Estado social de derecho por un Estado de orden social neoliberal dónde se suprimiera los derechos originarios de la Nación establecidos en la Constitución.
Con ese convenio aduanero se favoreció la inserción del país en el Tratado de Libre Comercio, transformado posteriormente en el Tratado de México, Estados Unidos, Canadá, (TEMEC); se dio así una inserción supranacional con fines de favorecer el libre intercambio comercial de bienes y servicios, quedando excluido la movilidad de personas, es decir, se dejó desprotegida la mano de obra migrante.
Además de qué el tratado no tuvo, o al menos no favoreció de manera justa, las asimetrías, de desigualdad, con formas de compensación equitativas, que amortiguaran la desigualdad de mercados, como ocurre en que el país no se aprovecha la innovación, tecnológica y científica que le corresponde en el intercambio internacional.
La llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República significó un cambio sustantivo en la alternancia de poder, donde se valora el acceso por medios pacíficos legales a las fuentes de decisión soberana.
El paso decisivo entre un partido de oposición que accede al mando supremo nacional fue plenamente reconocido y aceptado por las naciones del exterior y por los partidos nacionales, de tal modo, tuvo a su disposición el ejercicio pleno de las funciones de gobierno.
Como partido en el poder o del poder, Morena se auto declaró igualitario a los que forjaron la independencia de la Nación, a los defensores de la República y con valores revolucionarios.
Al dar este salto cronológico e invertir con las galas del pasado, se suprimió el proceso sucesivo de cada una de estas etapas que en su conjunto, estableció el proceso de construcción de la soberanía nacional y, en particular, sus raíces propias.
La aspiración de romper con el pasado inmediato, dejó sin base de continuidad de una lucha social del pueblo de México, cuya dimensión se expresa en una legitimidad por acceder al poder como expresión propia de la Nación, sin dejar de reconocer a Morena como parte esencial del proceso.
Los resultados de un acomodamiento de las piezas de un poder nacional, llevaron a mantener a operadores políticos del pasado, a los cuales no se les reemplazó ni se les cuestionó, sino al contrario, se les acogió con el argumento de qué habían “reconocido al nuevo orden político”, emanado de Morena, por lo que bastaba el que aceptaran las nuevas ordenanzas para su redención, y el perdón de su pasado, confirmado hasta con conductas ilícitas.
La promulgacion constitucional.
Al condenar a Zedillo por los excesos de poder al empobrecer y reprimir al pueblo también se extiende esta admonición a quienes participaron en la ejecución de esos malévolos planes.Algunos de esos operadores ocupan cargos dentro del gobierno.
Zedillo acusa de complicidad a la Presidenta en tanto no cumple sus demandas de auditar el régimen de López Obrador.
Los cargos a Zedillo rebasan la represión y el empobrecimiento generalizado del pueblo, los agravios a la Nación dañaron el modo del Estado social de derecho.
Es hora de que el régimen de Claudia Sheinbaum separe la paja del trigo.
El viejo sistema y sus operadores deben separarse o al menos reconocer sus orígenes y el daño ocasionado al país, porque no se trata de una “cacería de brujas”, sino de esclarecer un proceso histórico que rescata la legitimidad y reorienta el interés nacional sobre las “oportunidades electorales”.
Que cada quien ocupe el lugar que le corresponde en el Estado-Nación.
