*Antonio TENORIO ADAME
Diciembre 29 de 2024… En la mañanera del Palacio Nacional se preguntó a la presidenta Claudia Sheinbaum, si como jefa suprema de las Fuerzas Armadas creía que el Ejército estaba preparado para cualquier tipo de invasión. Por el contrario, Sheinbaum aseguró que “no va ocurrir”,“va a haber una buena relación con el presidente Trump” (CNN en español).
En el debate, minorías son iguales a las mayorías.
Existe un clima de incertidumbre y desconfianza provocado por la oratoria contundente de quien será Presidente de EEUU a partir del 20 de enero siguiente.
Trump ha dicho, con referencia a la migración, que se trata de “una invasión”, por lo que procederá a una extradición masiva anual de un millón de ilegales. Su dicho carece de sustento; se desprende de su elucubración “teórica del complot”.
Además, añadió este 24 de diciembre, que el primer día de gobierno declarará “terroristas” a los narcotraficantes. “Lo haremos de inmediato y desataremos todo el poder de las fuerzas de seguridad federales, el ICE y la Patrulla Fronteriza”, dijo el republicano a sus simpatizantes durante un evento público en Phoenix, Arizona.
La Presidenta de México ha sido explícita en responder: “Nosotros colaboramos, coordinamos, trabajamos juntos, pero nunca nos vamos a subordinar. México es un país libre, soberano, independiente y no aceptamos injerencismos en nuestro país. Es colaboración, es coordinación, pero no es subordinación”, dijo Sheinbaum durante un evento público en Mazatlán.
Las expresiones de ambos Presidentes no significa se vinculen a través del diálogo, no porque la voz de México se apega a la formalidad del derecho internacional, mientras el vecino vocifera sobre una realidad convencional basada en la percepción de consecuencias sociales para amenazar con la superioridad militar.
De tal modo se corre el riesgo que lejos de atender y corregir las injusticias de los problemas éstos empeoren al aproximarse a las condiciones de una guerra, donde los actores se convierten en enemigos sujetos a exterminio mutuamente.
Este cambio de las relaciones entre naciones arrancó al inicio del actual milenio con el ataque del 11 de septiembre de 2002 a las Torres Gemelas de N.Y. (Crímenes de guerra
Doy Gutman, Debate,1999 Barcelona).
El hecho evidentemente se trató no solo de un acto criminal, sino incluso de crímenes de “lesa humanidad”, a los que el presidente Bush lo calificó como un “acto de guerra”, por lo que se declaró contra el terrorismo y responsabilizó a la organización Al Qaeda de los actos, por lo que mantendría una guerra abierta hasta acabar con su amenaza.
Cabe señalar que un “acto de guerra”, en el sentido histórico y tradicional de la expresión, se entendía, hasta 1945, como toda acción emprendida por un estado que implicaba la ruptura efectiva del derecho internacional aplicable en tiempos de paz y la activación del derecho internacional de guerra, (David Tums ib).
En 1945, la Carta de las Naciones Unidas prohibió la iniciativa del recurso a la fuerza y acabó con las declaraciones de guerra, donde se estipula que, en sus relaciones internacionales, los miembros de la organización se abstendrán de amenazar o usar la fuerza contra la integridad territorial o independencia política de cualquier Estado; la última declaración de guerra fue hecha por la Unión Soviética contra Japón en 1945.
De hecho, la expresión (actos de agresión) ha sustituido y ha dejado obsoleta la expresión legal (acto de guerra), aunque los estados se sienten amenazados la siguen mencionando retóricamente.
Se considera que, por su propia naturaleza, una (guerra contra el terrorismo) es una contienda en la que las distinciones fundamentales que proporciona el establecimiento de las leyes de la guerra se desdibujan ¿Quién es el enemigo?, ¿Cuándo va a terminar la guerra?,¿Dónde se encuentra el campo de batalla?, ¿Quién debe ser considerado combatiente, y quién civil?, todo ello son aspectos que alimentan la ambigüedad y la controversia.
La campaña contra el terrorismo arrancó con una operación militar convencional. Estados Unidos lanzó un ataque contra Afganistán, a fin de acabar con la base de Al Qaeda, capturar a sus líderes y derrocar el régimen talibán que le ofrecía refugio.
El ataque fue presentado como un acto de defensa propia, una explicación que recibió el apoyo implícito de las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y del Consejo del Atlántico Norte. Estados Unidos con su irresistible poder promovió una guerra civil que ya apuntaba entre los talibanes y un conjunto de grupos de la oposición, en especial la Alianza Norte.
Las consecuencias de la situación bélica creada se sintieron como diversas irregularidades en ejecuciones de prisioneros, acciones encubiertas en otras naciones, sin autorización de sus gobiernos, entre otras, hasta generar una modificación en el ejercicio del uso de la fuerza en conflictos internacionales, en casos de autodefensa preventiva conocida como Doctrina Bush y aplicada en la invasión a Irak (2003-2011).
De acuerdo a la carta de las Naciones Unidas, “a los países sólo se les permita el uso de la fuerza para su defensa, o cuando el Consejo de Seguridad lo autorice”. La doctrina Bush argumenta que un concepto de autodefensa debe incluir a una acción preventiva por derecho, de modo que algunos de los miembros de la administración intentaron usar esta reclamación para justificar sus ataques como se evidenciaron cuando no se pudo probar la posesión de armas químicas en posesión de Irak.
Para efectos constitucionales.
La reflexión sobre las decisiones de poder en la arena internacional tiende a aplicarse sin control de límites con lo que altera el derecho humanitario, cuya base se sustenta en el mayor grado de consenso y claridad posible en la aplicación de la Ley, una cuestión que se ha complicado con riesgo de que Trump ahondara más.
No hay que olvidar que el Presidente de las barras y estrellas sea quien posee “el botón atómico”.
