Antonio Tenorio Adame
La LXVI Legislatura entra en zona de turbulencia, marcada por el fin del primer periodo ordinario de sesiones, durante el cual se abordarán los asuntos de mayor impugnación y rechazo social.
La tarea de la presente Legislatura ha generado su propia sombra, como señalan las encuestas de aceptación de los partidos políticos: Morena 41; Acción Nacional 9; Revolucionario Institucional 7 y MC 4 por ciento.
Las Minorías factor de réplica democrática.
La caída de los partidos en parte refleja su cuestionada labor legislativa al diferenciar la tarea de gobierno de la mayoría de Morena con la oposición de los partidos de minoría; entre la división disciplina ciega de unos frente a la de obstaculizar de los otros.
Los avances de las iniciativas presidenciales derivan de compromisos de campaña, es el perfil del nuevo gobierno en que:
a). Se promovió y aplazó la desaparición de la reelección y del nepotismo;
b) Se planteó, pero no se presentó, la eliminación de legisladores de partido;
c) Quedó fortalecido el principio de soberanía;
d) Ahora se busca la oportunidad de eliminar el fuero constitucional, porque se argumenta que es generador de la impunidad con la cual se impide someter a legisladores y gobernadores a la ley para enfrentar su responsabilidad penal. La mandataria Claudia se ha pronunciado a favor de eliminar el fuero a legisladores.
“Si hay un caso que amerita, nadie debería tener fuero“, planteó la Presidenta hace unos días.
En el transcurso de estos días se presentó la discusión en el pleno de los Diputados el dictamen de la comisión de procedencia, correspondiente a la Comisión Jurisdiccional de juicio político del caso del diputado Cuauhtémoc Blanco.
El tema crujiente dentro y fuera de San Lázaro.
Cuauhtémoc Blanco y sus colaboradores más cercanos se enfrentan al menos a siete denuncias penales.
En ocho de ellas aparece el diputado como presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada, ejercicio ilícito de funciones, falsificación de documentos, fraude procesal, enriquecimiento ilícito, falsedad de declaraciones ante autoridad, amenazas y violación. El gobierno de Morelos reclama alrededor de 60 millones de pesos de desviación de gastos.
Pese a la llaga levantada, el pleno exoneró al presunto implicado al registrarse 158 votos en contra, 12 abstenciones y 291 a favor de que pudiera conservarse los beneficios del fuero en donde no se le puede juzgar.
Entre los diputados que votaron en contra de su desafuero, destacan los votos de los diputados, Leonel Godoy Rangel y Alfonso Ramírez Cuéllar, uno presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y el otro vice coordinador de los Diputados de Morena, principal impulsor de la iniciativa de la desaparición del fuero.
Para los mal pensados, el frustrado desafuero del exgobernador de Morelos sirve de plataforma de despegue para la eliminación del fuero constitucional.
Contraréplica de las Mayorías.
El presente del fuero constitucional se conjuga en el Congreso, donde la historia de ayer se pone a prueba en la constante del presente.
Morena aspira a eliminar el fuero constitucional de legisladores y gobernadores. El clima social de la opinión le favorece, además de la especulación política contra la impunidad siempre es aborrecible; no es la primera vez que el Congreso se guía por espejismos, como ocurrió en la supresión de la obligación del Presidente de acudir a la apertura del periodo de sesiones ordinarias a rendir su informe del “estado que la nación.
El presidente López Obrador no acudió al recinto legislativo más que en su toma de posesión, siempre fue repulsivo.
En tal virtud debe ser cuidadoso en aplicar reformas que afecten al Poder Legislativo.
Por lo que se refiere a la tesis del legislador zacatecano, se basa en que: “dota de inmunidad a los legisladores y mandatarios; los protegidos injustificadamente, como ocurre en los últimos años, además de darles privilegios, excesivos y ser una vía arbitraria”.
Consideramos que ya no es necesario que exista esta figura para proceder a quitar la inmunidad, porque se ha convertido al lo largo de los últimos años en un mecanismo de protección injustificada, de privilegio excesivo, y una vía para la comisión de actos arbitrarios que están generando muchísimo enojo, una enorme indignación, y una molestia social, muy grande.
La iniciativa precisa el vice coordinador de los diputados: “mantendría la protección del fuero, respecto a las opiniones políticas, emitidas por los legisladores, y la inviolabilidad de las cámaras, de acuerdo con la ley vigente”.
El principal obstáculo a la derogación de inmunidad parlamentaria, sin embargo, ha sido la manipulación operada por la “Comisión Instructora”, cuya decisión obstruye y usurpa la soberanía de la asamblea del pleno.
El fuero constitucional en México es una garantía de independencia entre los poderes de
gobierno dentro de los niveles del sistema federal. Consiste, afirma el constitucionalista Manuel Gonzales Oropeza, en un procedimiento para autorizar el juzgamiento de un servidor público, federal o estatal, ante una acusación penal en su contra, y así evitar que acusaciones terciarias, puedan prosperar en detrimento de la función pública.
Como el ejercicio del sistema es de derivación del principio de división de poderes, ya que consiste en la delimitación de competencias entre esferas o niveles de gobierno, el fuero cumple igualmente, una función protectora del sistema federal, al extenderse a los servidores estatales, cuando se les acusa de la comisión de delitos federales.
Sin embargo, esta garantía no se extiende a los servidores municipales.
Uno de los fundamentos del federalismo mexicano se hace radical, por lo menos desde 1914, en el municipio libre, en el régimen principal, donde en una primera fase surgieron ya capacitados en su primera experiencia de gobierno, cuadros básicos que integraron la oposición requerida por el sistema de transición democrática que promovía la reforma política electoral de los años 70.
Los servidores municipales no cuentan con ninguna garantía que los proteja de abusos de poder, por lo tanto carecen de fuero.
Las Constituciones locales no reconocen ninguna garantía; el texto constitucional es omiso en incluir a dichos servidores; en la mayoría de los estados son omisos en proteger a dicho servidores, como depositarios del fuero local.
En cambio, destacan las constituciones locales, de Durango, Oaxaca, donde se le excluye de manera expresa de otorgar cualquier clase de fuero.
No hay un solo estado de la República, que posea la garantía del fuero federal para su servidores municipales, que debería estar incluido expresamente en la acción federal.
Para su vigencia constitucional.
La república requiere de unidad en las horas aciagas de aumento de aranceles a causa del declive imperial en manos caprichosas e irresponsables; debe recordarse
cuando formábamos parte de la monarquía ibérica, ya ocurrió que nos hundimos junto con el imperio.
Vamos a reforzar nuestra salvación.
Es por tal razón, más que pensar en quitar el fuero a quienes lo detentan, se debería proponer hacer efectiva la responsabilidad de los que no se someten a ninguna, como el caso del Presidente y algunos gobernadores.
Porque agredir a los diputados, sobre todo de minoría, al desempeñar su labor parlamentaria correrán el riesgo de ser sujetos de acoso.
