ANTONIO TENORIO ADAME
El 108 Aniversario de la Constitución fue conmemorado, por segunda ocasión, con el envío de iniciativas del poder ejecutivo al Congreso para modificar su texto.
La minoría opositora debe ofrecer crítica con fundamento:
La presidente Claudia Sheinbaum envió al Congreso iniciativas con
proyecto de decreto para derogar la reelección de legisladores, así como también impedir el nepotismo en cargos de elección.
La decisión política de impedir que los miembros del poder legislativo se reelijan en el cargo, extendiéndolo a doce años de ejercicio, cumple con el principio de la revolución de Francisco I. Madero; “sufragio efectivo, no reelección”.
Por tanto es una reforma con apego a la Constitución de origen, o sea la de 1917, en la que se sustentó el Estado social de derecho.
En sentido opuesto, la reelección de legisladores fue promovida bajo el supuesto de ilustrar al Congreso, elevar la calidad de conocimiento a los representantes para un órgano legislativo más apto y capaz de entender y transformar la realidad nacional.
Hasta el momento no se conoce una evaluación de los avances alcanzados de las dos legislaturas, la LXIV/LXV, que se han reelegido, pero es evidente que su comportamiento ha sido público al transmitirse por los medios de comunicación y sujetos a la crítica de la opinión pública.
Entre sus oscuridades se recuerdan las inagotables asambleas de intercambios de insultos y de asignarse la descalificación de “traidor”, con el que la Legislatura anulará su legitimidad.
Durante el lapso de la reelección, el Congreso fue atrapado por las pinzas de los otros dos poderes democráticos, el Ejecutivo de una parte y la Corte.
En cuanto a la Corte, se impugnaron decretos del Congreso por la vía de la inconstitucionalidad, como la reforma energética, convirtiéndose en un obstáculo impidiendo proyectos que buscarán poner a buen recaudo la acción reformadora del poder legislativo.
La reacción del Poder ejecutivo ante una Corte obstaculizadora fue de garantizar la mayoría en las Cámaras por medio de privilegiar la lealtad o incondicionalidad sobre la capacidad y profesionalismo.
La capacidad de las Legislaturas reelectas se puso a prueba al final del sexenio pasado, cuando Andrés Manuel envió al Congreso sus últimas veinte iniciativas, en la que campeaba por su trascendencia la reforma a los ministros y jueces.
La pasada LXV Legislatura reformó su reglamentación legislativa para dar oxígeno a los decretos presidenciales a fin de que la siguiente Legislatura, la actual, como sucedió, extendiera el proceso legislativo al hacerse cargo de las reformas, como ocurrió.
Ahora, el periodo de ejercicio legislativo vuelve a sus términos de tres y seis años para diputados y senadores respectivamente.
Una de sus ventajas es evitar se petrifiquen en el poder las élites burocráticas de los partidos, en especial los partidos “aliados” o de “acompañamiento”, donde se cobijan candidatos con financiamiento oscuro.
Uno de estos casos ocurre en el distrito con cabecera en Tehuacán, donde el patrocinio dado por el senador del Partido del Trabajo cobija una espuria representación política, agravando las condiciones de violencia llevándola a su máximo rigor del crimen.
He ahí la importancia de
Impedir la reelección y el nepotismo evitar la corrupción burocrática, en términos de frenar la decadencia de diputados y senadores. Faltan otros cambios.
Es necesario institucionalizar el personal de apoyo de los representantes, en este caso, cada Legislatura y cada legislador obtiene apoyo para personal que se asigna a su cargo.
En el caso de presidir comisiones se le asigna un staff de apoyo. Llegado el término del ejercicio este personal se le despide, frecuentemente en condiciones ilegales, llegando a ocurrir verdaderas inquinas de robo y despojo como ocurrió en el Congreso de Michoacán.
Las Mayorías no deben ser hegemónicos.
En el Congreso de Michoacán al término de la LXXIV Legislatura, al aplicar un despido general de asesores de diputados, algunos fueron indemnizados, pero en su mayoría no. Más bien sufrieron despojo de su finiquito y burlados su derechos, resultado de esa violencia se presentaron demandas laborales de entre ellas 50 no fueron contestadas por el órgano defensor del Congreso. No se cubrió la responsabilidad.
La mayoría de estos casos provienen de la LXXI Legislatura, y en al menos 50 de ellos no hay registro de que el Congreso de Michoacán haya contestado las demandas ni ofrecieron pruebas en su defensa, lo que derivó en circunstancias jurídicas de desventaja y la posibilidad de costos millonarios para el Legislativo.
El acto de corrupción afectó a muchos personajes de la política, entre otros a Alfredo Ramírez Bedolla, miembro de la mencionada Legislatura, quien a la vez fuera candidato a Gobernador por Morena, al decir de la gente: “el dinero sucio sirvió para pagar su campaña”.
De tal modo que el conflicto ensució a gran parte de Morena donde el drama fue que tanto las víctimas como los verdugos repetían la cantaleta: “no robarás”.
La reforma al Poder Legislativo es de orden estructural, no solo coyuntural.
En el pasado se propició su transición de conservar la mayoría del autoritarismo con una participación de minoría pluripartidista, luego se aumentó el número de miembros conservando la mayoría.
Las elecciones de 1988 no favorecieron al autoritarismo tricolor, la candidatura de Cuauhtemoc Cárdenas quebrantó la hegemonía del PRI. La entrega del país al neoliberalismo del Tratado de Libre Comercio fue el precio de negar su triunfo.
Las siguientes reformas al Legislativo fue contener la mayoría hegemónica, ningún partido debería alcanzar más de trescientos diputados de los diputados.
Pese a todo, el PRI perdió el control de las Cámaras.
El regreso de la reelección de legisladores fue resultado del envanecimiento ególatra de reproducir privilegios en una democracia mecánica.
Fortalecer al parlamento significa darle bases institucionales de elevado conocimiento permanentes y de servicio general, tal como ocurre en los Congresos europeos con el Servicio de información de seguridad nacional, o en el Congreso de los diputados y senadores de Madrid con la atención de los Letrados; o en el Capitolio de Washington con el servicio de la Biblioteca del Congreso.
Pasa para efectos constitucionales.
En caso de México, los ensayos de apoyo legislativo son efímeros, coyunturales, acotados en sus objetivos, por tanto sus logros son raquíticos de corta cobertura.
Quizás sea parte de una explicación parcial de la derrota que la LXIV y LXV Legislatura fueran derrotadas por el pleno de la Corte asumida indebidamente como constitucional durante el pasado reciente del dominio neoliberal.
