Por: María Isabel Rodriguez Martínez
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo impulsa una nueva ley para poner fin a los privilegios. En Morelia, la realidad es clara: colonias enteras viven entre tandeos, pipas costosas y la incertidumbre diaria. No es escasez: es desigualdad. Mientras unos hacen negocio, otros sobreviven sin agua. Garantizarla como derecho es hacer justicia.
¿El agua es un derecho o un negocio?
En el marco del Día Mundial del Agua, la pregunta no es retórica: es urgente, incómoda y profundamente política. México llega a esta fecha arrastrando décadas de un modelo que convirtió un derecho humano en mercancía, y que permitió que el agua se concentrara en manos de unos cuantos, mientras millones sobreviven en la escasez.
Hoy, con la nueva reforma impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esa lógica está siendo confrontada de frente. Pero para entender su dimensión, hay que mirar lo que ocurre en el territorio.
En Morelia, la respuesta se vive todos los días. Decenas de colonias no tienen acceso regular al agua: dependen de tandeos irregulares, de pipas cada vez más caras o, de plano, de la incertidumbre cotidiana. Familias enteras organizan su vida en función de cuándo —y si— llegará el agua. Esa no es una falla del sistema: es el resultado de un sistema que falló deliberadamente.
En Michoacán, la crisis es estructural. Acuíferos sobreexplotados, infraestructura rebasada y una distribución profundamente desigual han creado un escenario donde el agua escasea para la mayoría, pero nunca para quienes pueden pagarla. Mientras en colonias populares el acceso es intermitente, existen circuitos privados donde el agua fluye sin restricciones. Esa contradicción tiene nombre: acaparamiento y desvío del recurso.
No es que falte agua.
Es que durante años se permitió hacer negocio con ella.
Y los ejemplos sobran. En Querétaro, la familia Calzada operó durante años bajo un esquema que exhibe con claridad las grietas del antiguo modelo: concesiones de agua para uso agrícola —por las que no se pagan derechos— que terminaron abasteciendo desarrollos inmobiliarios, espacios exclusivos como clubes deportivos y la comercialización de agua en pipas. Todo dentro de la legalidad de un sistema hecho a modo. Todo profundamente injusto en un país donde millones no tienen acceso garantizado al agua.
Ese es el fondo del problema: no solo la escasez, sino la permisividad institucional frente al abuso.
La nueva ley rompe con esa lógica. Elimina las transmisiones entre particulares que convirtieron las concesiones en un mercado paralelo; cierra la puerta al cambio discrecional de uso —especialmente de agrícola a comercial—; limita la acumulación mediante figuras como la cuota de garantía; y fortalece a la autoridad para combatir el uso ilegal del agua.
Pero hay algo aún más relevante: reivindica el agua como un bien común.
Por primera vez, se reconoce formalmente el papel de los sistemas comunitarios de agua en ejidos, comunidades rurales y pueblos indígenas. Ahí donde el mercado nunca resolvió nada, las comunidades sí lo hicieron: organizando, cuidando y distribuyendo el recurso con una lógica de solidaridad, no de lucro.
Además, se corrige una omisión histórica: se avanza en el cobro de derechos por el uso del agua entre 2018 y 2026, cerrando vacíos legales que permitían usufructuar un bien público sin aportar nada al Estado ni a la sociedad.
Lo que ocurre en Morelia y en Michoacán no es una excepción: es el reflejo de un país donde el agua fue capturada por intereses privados mientras se abandonaba su carácter de derecho.
Por eso, esta reforma no es solo técnica. Es una definición de proyecto de nación.
Se trata de decidir si el Estado seguirá tolerando que unos cuantos acumulen lo que es de todos, o si asumirá su responsabilidad de garantizar el acceso equitativo a un recurso vital.
Porque el agua no puede seguir siendo privilegio.
No puede seguir siendo negocio.
El agua es para vivir. Y en México, debe ser para todas y para todos.
