Michoacán dejará de percibir más de 129 millones de pesos que se destinaban a 10 municipios.
Urge la aprobación de la iniciativa para reformar la Ley de Seguridad en Michoacán, la labor policial y establecer reglas claras.
Uruapan tercera ciudad más insegura en el mundo.
Morelia Michoacán 21 de septiembre de 2020.-Ante la posible eliminación federal del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de Seguridad Pública (FORTASEG) en el 2021 y luego de que la violencia no cesa en el país y en estado, el diputado local de Acción Nacional, Arturo Hernández Vázquez urgió la aprobación de la iniciativa presentada ante el Pleno, para contar con una nueva realidad y una paz duradera en la entidad.
“Estamos frente a una propuesta del gobierno federal de desaparecer, prácticamente el recurso para FORTASEG, estamos frente a la guardia nacional que no tiene funciones para combatir los delitos, urge contar con un nuevo esquema que nos permita brindar la seguridad a las familias michoacanas”, señaló.
El diputado local lamentó que Uruapan se ubique en la tercera ciudad más violenta a nivel mundial, de acuerdo al Ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C., por lo que señaló que se requiere una mayor coordinación entre los cuerpos policiacos, claridad en la intervención de las fuerzas armadas y mejores condiciones para los elementos de seguridad.
Arturo Hernández señaló que la propuesta económica del gobierno federal de aportar únicamente tres mil millones de pesos a FORTASEG, es el mensaje claro que de la paz y la seguridad no es una prioridad.
“Hoy más que nunca requerimos reactivar la economía y la inversión en nuestra entidad, vivimos una de las peores crisis, requerimos fortalecer a nuestros policías, establecer en la Ley un nuevo esquema y buscar soluciones en nuestro estado, a las pésimas decisiones federales”, señaló.
Informó que, durante este año, 10 municipios, entre ellos Lázaro Cárdenas, Morelia, Zamora, Uruapan, La Piedad y Apatzingán, recibieron el apoyo de este fondo por el orden de los 129 millones de pesos, los cuáles se dejarán de percibir por decisión del gobierno federal.
Desde 2016, este programa apoya la profesionalización, la certificación y el equipamiento de las y los integrantes de las policías, así como la mejora tecnológica y de infraestructura de las instituciones de seguridad pública. Es también uno de los pocos recursos que se utilizan para la implementación de acciones y proyectos de prevención social de la violencia y la delincuencia.
