Morelia Michoacán a 3 de diciembre de 2020.-Ante la falta de políticas públicas en México que garanticen el desarrollo pleno de las personas con discapacidad y para combatir la discriminación, la diputada Lucila Martínez Manríquez exhortó a reorientar los programas de atención para este sector de la población y que en medio de la pandemia por el Covid-19, se protejan sus derechos.
Coincidió con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), quien reconoció que se agravaron las dificultades que viven las personas con discapacidad con la emergencia sanitaria por el coronavirus SARS-CoV-2 (Covid-19).
“En nuestro país se han dado a conocer por diversos medios, denuncias sobre abusos que han afectado a este sector de nuestra población, por lo que la mejor manera de conmemorar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, sería atendiendo sus demandas y garantizando todos sus derechos e inclusión”.
La diputada hizo votos para que con la federación recapitule en su política y programas de gobierno, y que se observe una mayor altura de miras en el quehacer público para instrumentar acciones efectivas que permitan el desarrollo pleno de las personas con discapacidad.
En ese sentido, la presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura expuso que la discapacidad también permanece como causa de discriminación, tanto que el 48 por ciento de las personas que la tienen consideran que son discriminadas.
Lucila Martínez hizo mención que un Estado democrático debe pugnar por la igualdad de todos, de manera que las personas puedan gozar, por ejemplo, de los servicios que proporcionan las instituciones por igual, sin distinciones y recordó que la desigualdad y discriminación son indicadores de un desarrollo deficiente, generadoras de abusos, omisiones y violencia.
En México puntualizó se debe trabajar en fortalecer una cultura de la inclusión, y se debe iniciar también desde la federación, quien debe reorientar sus programas de atención, con una verdadera visión que garantice el desarrollo pleno de las personas con discapacidad.
En Michoacán el 7.8 por ciento de la población son personas que tienen alguna discapacidad, por lo que su integración a una vida plena es responsabilidad primaria de las autoridades, por lo que es necesario coordinar acciones en favor de este sector y eliminar toda barrera que impida su desarrollo pleno.
Lucila Martínez enfatizó que es responsabilidad de las autoridades generar un mejor ambiente de justicia e inclusión para las personas con discapacidad, y recordó que la Organización Mundial de la Salud ha expuesto que está incrementado el número de personas en esta condición.
Coincidieron en que se les tienen que garantizar sus derechos y los obstáculos se deben eliminar desde las instituciones y desde las mismas, se les debe asegurar su inclusión y el acceso a los programas, para su desarrollo.
