+ Los habitantes de la comunidad de El Calvario en Quiroga, rechazan decisiones tomadas en su nombre
+ Señalan irregularidades tras conocer que exalcalde Arturo Estrada admitió recibir un predio
+ Denuncian imposición y conflicto de interés
*Quiroga, Michoacán a 28 de noviembre 2025.- Habitantes de la comunidad El Calvario, de este municipio, denunciaron públicamente que jamás avalaron las determinaciones aprobadas por el Ayuntamiento de la administración pasada para otorgar presupuesto directo y funciones municipales a su localidad, y sostuvieron que esas decisiones se tomaron sin consulta ni consentimiento de la mayoría de la población.
La protesta ganó fuerza mediática tras difundirse documentos oficiales y publicaciones en redes sociales que, según los denunciantes, prueban la transferencia de recursos y la falta de consulta previa.
Según testimonios recabados, el caso se remonta a sesiones del Cabildo de la administración anterior celebradas entre julio y agosto de 2024, donde —afirman los vecinos—, se aprobó el reconocimiento del Calvario como autoridad indígena y la transferencia del presupuesto municipal directamente a la comunidad, sin estudios técnicos, sin asambleas informativas ni aclaratorias y sin el respaldo mayoritario de los habitantes.
Los denunciantes aseguran que la solicitud que motivó la sesión no representa a la totalidad de la población del Calvario y lo más grave es que muchas firmas y avales fueron usados sin conocimiento real de los vecinos.
El conflicto escaló a un nivel superior, cuando el exalcalde Arturo Estrada —quien presidía el Cabildo que aprobó los acuerdos—, admitió en una transmisión en vivo haber recibido un terreno, supuestamente de parte de integrantes del propio Calvario, un hecho que, para residentes y especialistas consultados, estrecha la relación entre las decisiones públicas y beneficios personales y alimenta la sospecha de conflicto de interés.
Los habitantes sostienen que Estrada participó, presidió y firmó los acuerdos a favor del Calvario aun cuando era beneficiario directo de un bien entregado por alguien de la misma comunidad.
Especialistas en derecho consultados por este medio advirtieron que, de comprobarse la existencia de un beneficio patrimonial previo a la aprobación de resoluciones que favorecieron a la comunidad, los hechos podrían encuadrar en conflicto de interés, abuso de funciones y —en su caso— cohecho. Recordaron además que la normativa de acceso a la administración directa del presupuesto y al autogobierno indígena exige trámites transparentes, consulta previa y fundamento técnico-jurídico; la ausencia de estos pasos abre la puerta a responsabilidades administrativas y penales.
La repercusión práctica fue inmediata: la Secretaría de Finanzas del Estado notificó descuentos al presupuesto municipal para que parte de los recursos fueran transferidos directamente al Calvario, en cumplimiento de lo aprobado por el Ayuntamiento anterior, lo que generó inconformidad en colonias y barrios del municipio y provocó división dentro de la misma comunidad agraviada, que hoy exige aclaraciones. Documentos difundidos públicamente señalan que la asignación representa hasta el 23.15% del presupuesto municipal, cifra que alarmó a vecinos y actores políticos locales.
Vecinos entrevistados y representantes de otras calles y barrios han exigido investigación profunda sobre la actuación del exalcalde Esteada, la validez de las solicitudes presentadas en nombre del Calvario, la autenticidad de los avales y la forma en que se valoró el supuesto reconocimiento como autoridad indígena. Piden además la realización de una consulta legal, transparente y vinculante donde la propia comunidad decida si desea o no recibir presupuesto directo, conforme a la normatividad vigente.
Fuentes jurídicas consultadas explican que, de confirmarse irregularidades, las sanciones administrativas por faltas graves en el manejo de recursos públicos o por conflicto de interés pueden incluir inhabilitaciones de hasta varios años y multas, además de abrir la vía penal si se determina la comisión de delitos como cohecho o abuso de funciones. Los especialistas subrayan que la investigación debe incluir revisión documental del acta de Cabildo, el expediente de la supuesta solicitud en nombre del Calvario, la comprobación de la entrega del terreno y la cadena de custodia de cualquier documento que acredite representación comunitaria.
Hasta ahora, todas las decisiones cuestionadas corresponden al Ayuntamiento de la administración pasada, advierten los denunciantes, por lo que responsabilizan directamente a esa gestión por las modificaciones al destino de los recursos y por la posible comisión de irregularidades.
En contraste, autoridades del gobierno municipal actual no promovieron las decisiones impugnadas, aunque deben ahora enfrentar las consecuencias administrativas derivadas de la transferencia ordenada por el órgano financiero estatal.
La comunidad del Calvario y representantes de barrios aledaños anunciaron medidas de presión y la intención de presentar denuncias formales ante instancias estatales competentes —incluido el órgano interno de control municipal y la Fiscalía—, para que se abra investigación penal y administrativa. Exigen también la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y la realización de una consulta debidamente organizada y supervisada por autoridades imparciales.
Ahora, lo que originalmente un proceso para dotar de recursos directos a El Calvario, se convirtió en un conflicto político y jurídico que pone en el centro la transparencia en la gestión pública, la protección de los derechos comunitarios y la vigilancia frente a posibles conflictos entre lo público y lo personal. Las próximas semanas serán determinantes: los documentos difundidos, las declaraciones en redes y la presión social obligan a que las autoridades competentes actúen con celeridad y transparencia para aclarar responsabilidades y restablecer la confianza ciudadana.
