Edmundo Paloseco.
Morelia Michoacán a 12 de Julio de 2022.- El gobierno de Michoacán y su gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla pretenden contraer una nueva deuda pública para Michoacán y lo que es peor, con cargo a los michoacanos hasta por 22 años.
El argumento que utiliza el secretario de finanzas estatal, Luis Navarro y que repite como perico el titular del Ejecutivo, es tramposo por decir lo menos.
Aseguran que “no se contraerá nueva deuda, porque no se pedirá más dinero de los 19 mil quinientos millones de pesos que ya se deben”. Desde luego, esto es una mentira y la explicación es muy simple.
Lo primero, es decir que la actual deuda se debe terminar de liquidar en 13 años. Es decir, durante este tiempo los michoacanos deben estar pagando los excesos de gobiernos como los de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy, particularmente.
Sin embargo, si se aprueba la reestructuración de la deuda, la misma pasaría a 22 años y esto se comprende muy fácilmente: sería una nueva deuda, en donde los michoacanos quedarán embarcados por más de 20 años cuando quedan 13 años por saldar.
La segunda de las razones, es que entre más tiempo pase (22 años), más intereses se deben pagar. Luis Navarro y el gobernador aseguran que se generarían ahorros de 540 millones de pesos anuales, pero lo que no dicen es que, en el corto plazo, solo ellos dos y el gobierno estatal se verán beneficiados, porque en el largo plazo, los michoacanos quedarán empinados con deuda a largo plazo y el consiguiente pago de intereses. Lo que se puedan “ahorrar” durante los 5 años de gobierno que le restan a Bedolla, se compensarán y más con los 17 años que restarían de nueva deuda y sus intereses.
El tercero de los argumentos para tratar de reestructurar esta deuda como le hacen llamar, es que con toda seguridad como ha sucedido por muchas administraciones, los bancos darán su mochada al secretario de finanzas en turno y seguramente este hará lo mismo con su patrón, el gobernador.
Voces que han intervenido en anteriores reestructuraciones, aseguran que los bancos inflan las cifras para dar unos 300 0 400 millones de pesos a las autoridades en turno porque al final del día, que la reestructura quede en sus bancos, es un enorme negocio por el pago de intereses a varios años.
Por ello valdría la pena observar el comportamiento del secretario de finanzas, de los legisladores que con seguridad aprobarán esto, particularmente de los que se sabe suelen recibir importantes mochadas, el priista Marco Polo Aguirre y el panista Hugo Anaya.
Y claro está, hay que comprender la naturaleza de una reestructuración que es la de hacer negocio. La pregunta es, ¿quién se quedará con las mejores tajadas de dinero?
