*_Frente al eco de las tragedias evitables, el diputado Hugo Rangel urge la implementación inmediata de protocolos de prevención para que ninguna señal de riesgo en las aulas vuelva a ser ignorada
*Morelia, Michoacán. (25 de marzo del 2026). – Los recientes y estremecedores acontecimientos en Lázaro Cárdenas, donde un adolescente privó de la vida a dos docentes, no son sino el doloroso recordatorio de una deuda pendiente con las juventudes michoacanas. Para el diputado Hugo Rangel, este suceso evidencia que la recientemente aprobada “Ley Oliver” es más que una adición administrativa a la Ley de los Jóvenes, sino una herramienta de supervivencia social que urge poner en marcha.
Esta reforma, que nace de la memoria de Oliver Valle Cuadra como un símbolo de alerta ante la violencia letal en círculos de confianza, propone una transición necesaria: dejar de ver la tragedia como algo inevitable para empezar a leer las señales de riesgo antes del desenlace fatal.
El legislador petista subrayó que la esencia de esta ley radica en la prevención y la identificación temprana de factores de riesgo psicosocial en los entornos donde los jóvenes conviven diariamente.
Rangel Vargas sostuvo que, de haber contado con los mecanismos de educación emocional y los protocolos de canalización institucional que hoy exige la ley, el comportamiento del menor involucrado podría haber sido detectado y atendido a tiempo por personal capacitado. En lugar de ello, la ausencia de una red de contención efectiva permitió que un conflicto escalara hasta consecuencias irreversibles, fracturando nuevamente la paz y el tejido social.
En este sentido, el cuestionamiento hacia el Instituto de la Juventud Michoacana (INJUMICH) es ineludible. El diputado fue enfático al señalar que el instituto ha operado como una “dependencia de ornamento”, más preocupada por los despliegues políticos y el acompañamiento a figuras electorales que por enfrentar la difícil realidad de violencia que asfixia a los jóvenes.
Para que la “Ley Oliver” sea efectiva, el INJUMICH debe abandonar la superficialidad y asumir su papel como líder en la ejecución de políticas públicas que verdaderamente protejan la salud mental y el bienestar interpersonal de las juventudes.
Ante el evidente desarticulamiento del tejido social, el diputado hizo un llamado a la reintegración colectiva y familiar. La solución no reside únicamente en la vigilancia, sino en una política pública articulada que dote a los jóvenes de habilidades para tomar decisiones positivas y responder a los desafíos de la vida sin recurrir a la violencia.
Por último, Michoacán no puede permitirse que sus instituciones sigan siendo espectadores pasivos; es imperativo reforzar los protocolos de atención temprana para que la confianza y la empatía vuelvan a ser el eje de nuestra convivencia, acotó.
