Por Redacción
Ciudad de México 6 de noviembre 2020.- El presidente Andrés Manuel López Obrador, emitió un decreto con fecha 5 de noviembre de los corrientes, en el cual se establecen las disposiciones para, “El Otorgamiento del Aguinaldo Correspondiente al Ejercicio Fiscal de 2020”.
En los considerandos del documento se destaca que el ejecutivo federal ha decidido, “otorgar un aguinaldo al personal operativo de confianza, enlace, mando, categorías y personas físicas que prestan sus servicios mediante contrato de honorarios a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal.
En el documento, López Obrador también anuncia su decisión de, “reintegrar a la Tesorería de la Federación el 100 por ciento del monto que reciba por concepto de aguinaldo y gratificación de fin de año en términos de las disposiciones jurídicas aplicables”.
Lamentablemente, por decreto, el presidente redujo esta gratificación a un número muy importante de trabajadores federales, perjudicando así la estabilidad familiar y financiera de miles de personas que prestan sus servicios al estado. En el decreto se recorta de 40 a 20 días el monto del aguinaldo para personal de nivel de enlace y mando de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, así como al personal del Servicio Exterior Mexicano que se encuentra en funciones en territorio nacional.
El personal de nivel enlace y mando al que se refiere el decreto son, jefes de departamento, director, subdirector, adjunto, jefe de unidad, director general, subsecretario, secretario de Estado y presidentes de organismos.
El presidente justificó este duro golpe a la economía de las familias de los burócratas cómo, “medidas de austeridad y racionalidad en el gasto público de observancia en las dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal, con el propósito de reorientar recursos para enfrentar la pandemia generada por el virus”.
Mientras se aplicará este recorte a la compensación de fin de año, obras como el llamado Tren Maya, la refinería de Dos Bocas y el aeropuerto de Santa Lucía, continúan en marcha y consumiendo recursos del erario público.
