*Palacio Legislativo de San Lázaro, a 7 de octubre de 2025.– El diputado Ricardo Monreal Ávila, coordinador del grupo parlamentario de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política, presentó iniciativa para garantizar la cancelación ágil y gratuita de tarjetas bancarias o departamentales y prohibir su emisión sin consentimiento expreso del usuario.
Ante creciente número de quejas por entrega de tarjetas de crédito o débito no solicitadas que luego generan cargos indebidos y problemas financieros a los usuarios, Monreal Ávila, presentó dicha iniciativa para reformar diversos artículos de la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de Servicios Financieros.
La propuesta busca proteger a los usuarios frente a prácticas abusivas y fraudulentas de instituciones financieras nacientes y de prestigio.
Monreal explicó que la iniciativa se apoya en tres pilares fundamentales. El primero establece el acceso amplio y expedito a la cancelación, de modo que cualquier persona pueda dar por terminada la relación contractual de manera presencial, telefónica o digital, sin importar su ubicación o acceso a la tecnología.
El segundo pilar fija un plazo máximo de tres días hábiles para concretar la cancelación, sin costos, comisiones ni penalizaciones, eliminando trámites excesivos que hoy desgastan al consumidor.
El tercero refuerza la protección contra prácticas indebidas, declarando nula la emisión de tarjetas sin autorización expresa, prohibiendo la publicidad engañosa sobre costos y cargos, y obligando al reembolso inmediato de cualquier cobro indebido.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, seis de cada diez adultos en México poseen una tarjeta de débito y circulan más de 37 millones de tarjetas de crédito, con un saldo de financiamiento superior a 630 mil millones de pesos.
Sin embargo, la Condusef registró en 2024 más de 250 mil reclamaciones, de las cuales más de siete mil correspondieron a solicitudes de cancelación que no fueron atendidas.
El legislador morenista enfatizó que su iniciativa pretende asegurar que los derechos de los usuarios financieros sean reales y efectivos, restableciendo el equilibrio entre clientes e instituciones y garantizando que “las personas no queden atrapadas en contratos por falta de medios adecuados para cancelarlos”.
Monreal concluyó que la reforma busca fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones financieras y consolidar un sistema “más justo, equitativo y cercano a las necesidades reales de la población”.
