Mediante una adhesión al Código Penal la falsificación de medicamentos será considerado un delito en el Estado de Michoacán
El comercio de medicamentos alterados, un grave riesgo para la salud humana, advierte
Morelia, Michoacán, 10 de noviembre de 2020. Para intensificar las medidas de vigilancia sanitaria y contribuir con mecanismos estrictos de regulación, el coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, presentó una iniciativa de reforma para castigar penalmente a quien provea, venda o administre medicamentos de patente falsificados o alterados.
La propuesta busca modificar el artículo 218 del Código Penal del Estado de Michoacán a fin de adicionar dentro del delito de fraude específico la falsificación de medicamentos, toda vez que esta mala práctica va incrementando, representando un riesgo mortal para los ciudadanos el ingerir cualquier fármaco adulterado, falsificado, contaminado o alterado.
“Urge dar viabilidad jurídica en esta materia, ya que nos encontramos ante una situación muy delicada y me preocupa la salud de los michoacanos”, expuso Ernesto Núñez durante sesión legislativa virtual al destacar que además de las pérdidas económicas para la industria farmacéutica, representa una amenaza para la salud e integridad de sus consumidores.
El legislador del Partido Verde en México precisó que, además de Michoacán, en otras entidades como Baja California, Guadalajara, Jalisco y Yucatán han sido aseguradas más de 100 toneladas de medicamentos que se pretendían comercializar de manera ilegal en tianguis, farmacias improvisadas y el mismo mercado que opera en la frontera norte.
“Estas muestras médicas son vendidas clandestinamente aun cuando ya están caducas, provocando que el paciente no concluya su tratamiento, o recurra a la automedicación con fármacos que sólo pueden ser utilizados bajo estricta supervisión médica. Es decir representan un grave problema sanitario.
Núñez Aguilar precisó que la falsificación de medicamentos es parte de un fenómeno que evidencia el incumplimiento de las normas establecidas en materia de seguridad, calidad y eficacia de los mismos, acentuándose todavía más con la pandemia de Covid-19, el cual representa el 10 por ciento del comercio mundial de medicinas, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).