Morelia Michoacán a 14 de abril de 2021.-La Sociedad Organizada Michoacán (SOM) acusó al Congreso local de violar la constitución con la reforma a la Ley Notarial y de mezquindad al mantener acéfala la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) lo que da pie a atropellos e impunidad como la vergonzante actitud del Gobernador en Aguililla, mientras que al Sistema de Administración Tributaria (SAT) le señaló deficiencias en sus trámites en perjuicio de usuarios y contribuyentes.
En rueda de prensa la SOM abordó tres temas dos de los cuales involucran al Congreso de Michoacán y otra atañe al SAT.
Eloy Pintor Herrera, presidente de la asociación “Si no hay justicia no hay paz social”, se refirió a la lucha legal que han dado por la Ley Notarial contra la cual ya se han interpuesto varios amparos y es que, subrayó, cercenaron más de 30 disposiciones entre el Código familiar y el Código Procesal Civil.
Indicó que los amparos van en el mismo sentido y se refieren a que con esa ley se está violando el Artículo 33 de la Constitución Política, porque hay un transitorio donde se cita que las facultades únicas para legislar en materia procesal civil y familiar le incumbe al Congreso Federal y no al Poder Legislativo michoacano.
El amparo que interpuso “Si no hay justicia no hay paz social”, especificó que los jueces no le han entrado a fondo porque, argumentan, todavía no hay una afectación “que no tenemos en estos momentos un interés justificado porque no nos está afectando”.
Sin embargo, agregó, ellos reviran e insisten en que cuando se trata de una ley que agrede a la colectividad pueden acudir al amparo porque es “una cuestión de interés público y en este sentido tienen que entrarle a fondo y que nos digan si se está violando o no la Constitución”.
Expresó que la Ley Notarial es ilegal y atenta contra los derechos de los niños, contra el derecho común, contra el derecho civil y otorga facultades excesivas a los notarios.
Pedro Fernández Carapia, representante de “Fuerza migrante sin fronteras”, aseveró que en el Congreso local sigue galopando la mezquindad y mantiene acéfala a la CEDH y eso ha favorecido a la media docena de diputados y diputadas que, increíblemente, manipulan al resto de los legisladores.
Tomó el tema del vergonzante episodio del gobernador Silvano Aureoles Conejo en Aguililla, donde “el señor Gobernador, para no perder su costumbre demostró claramente cómo se gobierna sin inteligencia”.
Episodios como el escenificado por Silvano Aureoles Conejo no quedarían impunes su hubiese un presidente responsable en la CEDH para que, con un poquito de coraje y dignidad pusiera en su lugar al Gobernador y sus malos funcionarios que “son los principales violadores de los derechos humanos”.
La escena de Aguililla demostró a qué grado llegan los atropellos contra los derechos humanos que se cometen con toda impunidad en Michoacán.
En este punto, Miguel González Galván, presidente de la Asociación Michoacana de Ex Alumnos de la UNAM, a nombre de 150 organizaciones que firmaron un documento para exigir, por un lado, al Congreso que nombre ya al presidente de la CEDH y, por otro, proponer al doctor Jean Cadet Odimba para ese cargo porque reúne todas las características que ese puesto reclama.
Por su parte Fredy Reyes, representante del Frente Michoacano por la Transformación, leyó un documento dirigido a Ignacio Said Zamudio, titular del Sistema de Administración Tributaria donde le indican que los servicios de esa dependencia son deficientes y eso perjudica a usuarios y contribuyentes e incluso a prestadores de servicios profesionales.
Dentro de los servicios y trámites deficientes enumeró la firma electrónica, el alta de las personas morales, la renovación y revocación de la firma electrónica, y la contraseña; a la par de esas deficiencias se dan irregularidades como el maltrato hacia los usuarios, la pésima orientación en el área de atención al contribuyente, y tráfico de influencias al otorgar los servicios.
Eso, añadió, afecta al contribuyente porque no puede facturar ni presentar declaraciones y, en consecuencia, puede caer en incumplimiento lo que deriva en multas e infracciones que se pagan con recargos y actualizaciones.
