*Morelia Michoac谩n a 5 de octubre de 2026.- A fin de proteger a los negocios que generan empleos y actividad econ贸mica, evitando que sean clausurados cuando en sus instalaciones se cometa un delito por personas ajenas a su administraci贸n, la diputada Adriana Campos Huirache propuso una iniciativa de reforma ante el Pleno del Congreso de Michoac谩n.
La coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura propuso reformar la Ley Org谩nica Municipal y el C贸digo de Justicia Administrativa, para establecer l铆mites a las autoridades municipales en la aplicaci贸n de suspensiones, clausuras o revocaciones de licencias.
Adriana Campos Huirache se帽al贸 que mantener un negocio representa un reto ante factores como el acceso limitado al cr茅dito, tr谩mites, cargas laborales y fiscales, falta de certeza jur铆dica, deficiencias de infraestructura y las presiones que enfrenta el sector productivo por la inseguridad y record贸 que, de acuerdo con la estimaci贸n estatal de INEGI sobre esperanza de vida de los negocios, en Michoac谩n un establecimiento tiene una expectativa promedio de entre 6.6 y 7.3 a帽os.
La legisladora tambi茅n expuso que la actividad econ贸mica enfrenta afectaciones derivadas de cobros ilegales a distintos sectores productivos y cit贸 estimaciones de funcionarios de la Fiscal铆a General del Estado que refieren impactos de entre 7 mil 200 y 10 mil 800 millones de pesos anuales en el sector aguacatero, entre mil 713 y 3 mil 426 millones en el lim贸n, adem谩s de afectaciones en actividades como mezcal, resina, madera, comercios y transporte.
Ante este escenario, advirti贸 que la clausura de un establecimiento por un delito cometido en su interior puede representar un golpe adicional para propietarios, trabajadores y familias, particularmente cuando el responsable del negocio no tuvo participaci贸n alguna en los hechos. Por ello, plante贸 que las medidas administrativas no puedan aplicarse de manera autom谩tica 煤nicamente porque ocurri贸 un il铆cito dentro de un establecimiento.
La propuesta establece que una suspensi贸n, clausura temporal o definitiva, o la revocaci贸n de una licencia, permiso o autorizaci贸n, s贸lo pueda ordenarse cuando la autoridad acredite, aunque sea de manera indiciaria, la participaci贸n del titular, propietario, poseedor, administrador o responsable; su tolerancia, consentimiento o colaboraci贸n dolosa; la obtenci贸n de un beneficio econ贸mico derivado del il铆cito, o el incumplimiento de obligaciones legales directamente relacionadas con los hechos.
Asimismo, Adriana Campos plantea que la comisi贸n de delitos por clientes, usuarios, visitantes, proveedores o cualquier tercero ajeno a la administraci贸n del establecimiento no genere por s铆 misma responsabilidad administrativa para el propietario ni constituya causa suficiente para su clausura. En el caso del C贸digo de Justicia Administrativa, se propone que cualquier medida de suspensi贸n o clausura est茅 sustentada en una resoluci贸n fundada y motivada que acredite la responsabilidad correspondiente.
Finalmente puntualiz贸 que esta iniciativa surge a ra铆z de diversos planteamientos de la poblaci贸n que ha sido v铆ctima, por ello, plantea esta reforma para proteger a los establecimientos comerciales de clausuras injustificadas y garantizar que cualquier sanci贸n administrativa se aplique 煤nicamente cuando exista responsabilidad acreditada del titular del negocio.
