Morelia Michoacán a 17 de agosto 2026.- En Michoacán, la administración pública del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, ha dado muestras de una alarmante dicotomía en la aplicación de la justicia, aseguró Carmen Pille Calderón, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Somos México.
Por un lado, el gobierno morenista, desató una ofensiva penal contra el activista Raúl Meza Abonce, quien participó durante noviembre de 2025 en las protestas al interior del Palacio de Gobierno tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo y exigir a un juez -del acordeón- aplicar una condena de hasta 12 años de prisión, tras la osadía de alzar la voz y ondear una bandera en el balcón del edificio, donde fue detenido con violencia excesiva.
Y por el otro -advierte la dirigente-, visiblemente el gobierno bedollista “torció” los procedimientos legales para permitir “aligerar” las imputaciones penales contra el secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien fue destituido del cargo tras documentarse que agredió físicamente a la periodista Dalia Villegas Moreno en los momentos que videogrababa la manifestación.
“Desde Somos México, condenamos la actitud de los gobiernos morenistas de aplicar una justicia selectiva, no solo en Michoacán, sino en todo el país”, recalcó Pille Calderón.
Hoy, el estado pide 12 años de prisión y el pago de una multa superior a 1.3 millones de pesos para un joven manifestante, quien por hartazgo decidió protestar, no solo por la muerte de Manzo, sino por los nulos avances en las investigaciones en el asesinato de su hermano y su cuñada ocurridos meses atrás.
El gobierno de Michoacán, al adherirse a la denuncia, sostiene que Meza Abonce formó parte de una acción coordinada, organizada y violenta, “bajo un plan común y con división de funciones”, lo que implicaría una condena por sabotaje y perder sus derechos políticos electorales por consecuencia.
Sin embargo, para el exsecretario de Seguridad Pública de Michoacán, Juan Carlos Oseguera Cortés, un juez lo vinculo en abril de este año a proceso por el delito de abuso de autoridad tras agredir a la periodista; y estableció un plazo para la investigación complementaria.
Cabe destacar que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidas contra la Libertad de Expresión (FEADLE) imputó originalmente al ex titular de la SSP por abuso de autoridad, robo calificado grave e intimidación; sin embargo, un juez lo vinculó a proceso únicamente por abuso de autoridad y desechó el cargo de robo al considerar que no se acreditaba la intención de adueñarse de forma permanente del celular con el cual la comunicadora videogrababa y documentaba la protesta.
El juzgador, tampoco, impuso multa a Oseguera Cortes, quien borró la evidencia reporteril; pero lo más grave es que dejo en perjuicio de la periodista, sin efecto la posibilidad de una pena acumulada contra el ex servidor público, la cual podría haber rebasar hasta los 15 años de prisión.
