Morelia, Michoacán, 13 de mayo de 2026.- En reunión llevada con representantes del transporte público concesionado, integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán, manifestaron preocupación y desacuerdo ante la aprobación de la iniciativa presentada por el diputado Alejandro Iván Arévalo Vera, mediante la cual se reforman diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, que son más ocurrencias sin analizar con los transportistas concesionados y que lo único que buscan son reflectores o seguir las órdenes de su jefe el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
La reforma aprobada refleja una visión superficial, limitada y alejada de la verdadera problemática que enfrenta la movilidad en Michoacán, pues nuevamente se pretende resolver la crisis del transporte únicamente modificando conceptos legales y generando más burocracia administrativa, sin atender el fondo del problema: la falta de recursos, infraestructura, planeación y fortalecimiento del sistema de transporte público.
Resulta preocupante que desde el Poder Legislativo se continúe confundiendo movilidad con discursos políticos o ejercicios teóricos, cuando la realidad es completamente distinta.
La movilidad no se resuelve con más diagnósticos en papel.
La movilidad se resuelve con inversión pública, infraestructura, ordenamiento territorial, modernización vehicular y políticas financieras sostenibles.
La iniciativa aprobada habla de diagnósticos territoriales, participación ciudadana y observatorios, pero omite explicar algo fundamental:
¿Con qué recursos se va a financiar todo lo que propone la reforma?
Porque cada estudio, diagnóstico, observatorio, evaluación, infraestructura vial y política pública requiere presupuesto, personal técnico, ejecución operativa y transparencia en el manejo de los recursos públicos.
Hoy Michoacán enfrenta una realidad crítica:
• Vialidades destruidas y saturadas.
• Colonias completas sin cobertura eficiente de transporte.
• Falta de semaforización inteligente.
• Transporte público operando en condiciones económicas precarias.
• Inseguridad para operadores y usuarios.
• Ausencia de programas reales de modernización vehicular.
• Crecimiento urbano desordenado.
• Obras multimillonarias sin integración efectiva al sistema de movilidad.
• Competencia desleal e irregularidad en distintos esquemas de transporte.
Sin embargo, la reforma aprobada no establece:
• Un fondo estatal de movilidad.
• Programas financieros para modernizar unidades.
• Créditos blandos para concesionarios.
• Subsidios para electrificación o renovación vehicular.
• Recursos para mejorar infraestructura vial.
• Mecanismos de apoyo a municipios.
• Estrategias reales para fortalecer el transporte concesionado.
Es decir, se aprueba nuevamente los diputados levanta manos como zombis aprueban una reforma sin garantizar cómo se ejecutará financieramente.
Legislar sin presupuesto es construir simulaciones jurídicas alejadas de la realidad social.
Además, preocupa el profundo desconocimiento técnico que existe sobre lo que representa verdaderamente el sistema de movilidad, ya que la movilidad no depende únicamente del transporte público, sino también de:
• Desarrollo urbano ordenado.
• Planeación territorial.
• Infraestructura vial eficiente.
• Seguridad pública.
• Planeación ambiental integral.
• Coordinación entre municipios y estado.
• Inversión permanente en mantenimiento vial.
Pretender que la solución está únicamente en modificar artículos legales demuestra desconocimiento sobre la complejidad estructural que enfrenta Michoacán.
La reforma aprobada tampoco reconoce que quienes han sostenido históricamente la movilidad del estado han sido miles de transportistas concesionados que diariamente trabajan enfrentando:
• Altos costos de combustible.
• Incremento de refacciones y mantenimiento.
• Caída de ingresos.
• Competencia irregular.
• Deterioro vial.
• Falta de apoyo gubernamental.
• Sobrerregulación administrativa.
Mientras tanto, el gobierno continúa impulsando proyectos multimillonarios sin resolver las necesidades básicas de movilidad que viven miles de colonias populares y comunidades rurales.
Los integrantes de la Comisión Reguladora del Transporte de Michoacán reiteramos que Michoacán no necesita más reformas decorativas ni discursos legislativos desconectados de la realidad.
Michoacán necesita:
• Planeación seria.
• Recursos suficientes.
• Transparencia en el gasto público.
• Modernización integral del transporte.
• Participación real de transportistas y usuarios.
• Infraestructura eficiente.
• Programas financieros viables.
• Orden y legalidad en todos los esquemas de movilidad.
La movilidad no puede seguir utilizándose como bandera política mientras se ignora la crisis económica, operativa y estructural que enfrenta diariamente el transporte público concesionado.
Finalmente los integrantes de comisión reguladora del transporte de Michoacán señalaron que es necesario que ya no utilicen los diputados al transporte público de pasajeros para hacerse notar cuando su paso por el congreso ha sido gris.
