+ Hay que detener a los “agiotistas”
Morelia, Michoacán, 14 de septiembre de 2026.- El diputado local del PRI, Guillermo “Memo” Valencia Reyes, propuso considerar como delito las prácticas de prestamistas y abogados que, mediante procesos mercantiles, presuntamente utilizan la ley para despojar a personas de escasos recursos.
La iniciativa plantea imponer penas de entre 2 y 6 años de prisión contra quienes incurran en estas prácticas, particularmente en casos de créditos solidarios o garantizados por un aval, cuando se promueva o ejecute judicialmente el cobro total de una deuda pese a que alguno de los acreditados haya cumplido con su obligación individual.
Valencia Reyes advirtió que esta situación puede convertirse en una forma de coacción psicológica y patrimonial, al someter a los deudores a demandas, embargos y reclamos por cantidades que pueden superar el saldo insoluto real de la deuda.
El legislador priista señaló que el problema afecta especialmente a personas con poca o nula instrucción escolar, quienes pueden quedar expuestas a procedimientos jurídicos que desconocen y que terminan comprometiendo el patrimonio de sus familias.
De acuerdo con lo expuesto por el diputado, la organización civil Revolución Social ha documentado casos en los que empresas dedicadas al otorgamiento de créditos, abogados y despachos jurídicos presuntamente hacen uso del aparato jurisdiccional como mecanismo de presión económica.
“En la práctica mercantil la asociación civil, Revolución Social ha detectado un fenómeno persistente de mala fe procesal y abuso del derecho”, sostuvo Valencia Reyes, al advertir que estas conductas pueden derivar en asfixia económica, despojo y usura contra personas vulnerables.
La propuesta busca que pueda ejercerse acción penal contra el titular de la acción mercantil, su apoderado legal o el abogado que incurra en estas conductas, con el objetivo de cerrar el paso a quienes, bajo procedimientos legales, pretendan obtener beneficios desproporcionados a costa de personas que enfrentan dificultades económicas.
El dirigente priista pidió a sus compañeros de la Comisión de Justicia del Congreso del Estado revisar y dictaminar con rapidez la iniciativa, bajo el argumento de que cada retraso puede significar que más familias enfrenten el riesgo de perder bienes y patrimonio por este tipo de prácticas.
Porque este es un esquema de abuso jurídico que puede terminar con familias enteras al perder su patrimonio.
