Antonio TENORIO ADAME
Hace cien años México sufrió el drama de la Guerra cristera con el desgarramiento de combatir hermanos contra hermanos de una misma religión.
La religión dominante era católica (97%), en consecuencia, la baja fue de 90 mil muertos; la mayoría de origen indígena.
Minorías opositoras por la crítica propositiva
Los bandos en confrontación fueron el Estado y la Iglesia, aunque el aderezo del conflicto se acompañó de la relación bilateral con los Estados Unidos con el interés del petróleo.
En cierto modo. el panorama centenario vuelve a la palestra actual en el que el problema de choque se acompaña de los vaivenes de la presión diplomática, con la diferencia que ahora el vértice de disputa es la de ambos presidentes: Sheinbaum y Trump.
Si la historia nos sirve para comprender el pasado como una experiencia útil en el presente, luego entonces cabe preguntarnos: ¿cuál política exterior es más conveniente: la del “maximato” de 1926 o la de “4ª Transformación” de 2026?
El conflicto se inició por la inconformidad de la jerarquía del clero católico a la Constitución de 1917 y su derivada reglamentación “sobre delitos y faltas en materia de culto, religioso y disciplina externa” (14 de junio de 1926).
Fue una guerra fuera de lo común. La doctora Beatriz Cano (SMGE) señaló como una de las causas de la Cristiada las “necesidades insatisfechas”; su clasificación extraña se debía a que en ambos bandos se formaban por creyentes católicos, lo que su definición no corresponde a una guerra religiosa, puesto que no se confrontaban dos religiones opuestas, sino quizás por sus características primordiales se trata de: un conflicto entre el Estado y la reglamentación del culto.
Las narrativas de los contendientes fueron diversas:
El Estado pretendía el ejercicio hegemónico de soberanía bajo vigencia de la Constitución de 1917, así como la aplicación de la Ley reglamentaria “sobre delitos y faltas en materia de culto, religioso y disciplina externa” (14 de junio de 1926).
La república estuvo en riesgo de quebranto con la rebeldía eclesiástica al ordenamiento soberano.
Se expresaba otra vez la intención de colocar la jerarquía religiosa sobre la representación civil; el proyecto de insurrección cristera de Constitución política de la República Mexicana, como un reflejo de la promulgada 1857.
Los problemas históricos de la Iglesia con el poder civil muestran una tendencia a la falta de negociación, como lo inscribe Pablo Mijangos (2018), al afirmar que “ el proyecto liberal, buscaba realmente trascender la atmósfera, profundamente religiosa de su tiempo y crear una nación laica y secular.
Por ejemplo, en la obra de personajes como Ignacio Vallarta y Francisco Zarco advierte la dimensión profundamente religiosa del programa liberal, muy visible; en paralelo a la corrupción que denunciaban, planteaban una reforma cristiana de las costumbres”.
Por otra parte, es bien sabido, que la ausencia de un concordato entre México y Roma fue una de las principales causas de la falta de unión Iglesia-Estado, cuando México por su historia, su ubicación estratégica y demográfica, es un país prioritario en la política americana del Vaticano.
Si se considera que, a lo largo del siglo XIX, la Santa sede firmó una serie de concordatos y convenios parciales con Haití, Guatemala, Costa Rica, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Brasil, Ecuador, Perú y Colombia (además de dos concordatos con Bolivia y Venezuela, que no entraron en vigor).
Mayorías por el consenso democrático
Durante el conflicto la relación binacional culminaba regularmente en declaraciones y actos de ambos Presidentes así como sus instancias diplomáticas y militares, pero aderezada con la fauna de acompañamiento de clérigos de ambos países, organizaciones civiles religiosas y, sobre todo, las empresas petroleras.
Un verdadero enjambre de intereses del que México aprovechó para tomar la iniciativa de manera inconcebible como brindar apoyo a Sandino ante el desembarco de Marines USA en Nicaragua, (1927).
Ante la pretensión de frenar o reformar la Constitución mexicana por parte del frente bélico cristero, el Arzobispado de México con Pascual Díaz Barreto y Leopoldo Ruiz y Flores, junto con sus aliados en Estados Unidos: Gobierno y Prensa de EEUU, Conferencia Nacional Católica de Bienestar, su secretario general John J. Burke, los Caballeros de Colón, así como algunos obispos defensores del comité de los derechos religiosos.
En el ambiente social diplomática se filtra una aventura amorosa que involucra a la esposa del agregado militar de la Embajada EEUU, lo que resulta un acto de espionaje; surge el asunto de los documentos robados en la oficina del agregado militar donde se revela un plan de intervención militar y que comprometieran al secretario de Estado, Kellog, dichos testimonios.
En julio de 1927, el presidente Calles manda al ejército para cerrar de una vez los pozos. Las compañías consiguen así “el hecho consumado de violación de sus supuestos derechos, a fin de que se declare la intervención”; no obstante, el deseado Casus Belli llega tarde.
El presidente Calles gira instrucciones a la Suprema Corte para que se prepare a retirar de la ley su carácter retroactivo confiscatorio: el 4 de mayo, la corte se pronuncia en favor del amparo presentado por varias compañías norteamericanas, y el gobierno no aplica la nueva legislación que se queda en letra muerte.
La promulgación democrática
Enseguida, Sheffield renuncia el Departamento Estado y empieza a criticar a las compañías y se prepara el nombramiento de Morrow, hombre de confianza del Comité de Banqueros, y quien había dicho referente a los petroleros: “que se ayuden más, asimismo haciendo más por el petróleo, y menos por los derechos del petróleo “.
La enseñanza de la guerra cristera es lección viva en estos días
