El imperio de la ley no puede estar supeditado a otros intereses que no sean los de la justicia, afirm贸 la diputada
Morelia Michoac谩n a 1 de octubre de 2020.-La justicia en nuestro pa铆s, no puede ser objeto de consulta popular, asever贸 la diputada Miriam Tinoco Soto, coordinadora de la Representaci贸n Parlamentaria en el Congreso del Estado, al manifestar su desacuerdo con la decisi贸n emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci贸n, que declar贸 la constitucionalidad de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes.
La diputada local afirm贸 que, m谩s all谩 de ganar adeptos o mantenerse en la l铆nea del presidente, debe prevalecer el Estado de Derecho y la autonom铆a del Poder Judicial, pues la decisi贸n emitida por la Suprema Corte, sienta un precedente que podr铆a ser una regresi贸n a la 茅poca medieval, en donde se juzgaba a qui茅n comet铆a un delito ante el pueblo.
“El dejar en manos de la ciudadan铆a una funci贸n que es eminentemente del Estado, no solamente vulnera el Estado de Derecho, sino los principios que establece nuestra Constituci贸n como es el derecho de audiencia y a la presunci贸n de inocencia a quien se le imputan un delito”.
Agreg贸 que la facultad de investigar de acuerdo con la propia Constituci贸n聽le corresponde a la Fiscal铆a General de la Rep煤blica, la cual es responsable de聽ejercer la acci贸n penal, en contra de quien cometi贸 alg煤n delito, por lo que dicha facultad no puede ser delegada a los ciudadanos a trav茅s de una consulta.
Si bien reconoci贸 que la ciudadan铆a debe coadyuvar con las autoridades para llegar al esclarecimiento de los hechos esto es aportando testimonios y pruebas, m谩s no decidiendo si debe o no, aplicar la ley.
Record贸 que existen canales establecidos en la ley, como es el andamiaje jur铆dico que dio vida al Sistema Nacional Anticorrupci贸n, con el cual cualquier ciudadano puede acudir para denunciar un hecho de corrupci贸n.
Finalmente, asever贸 que en la aplicaci贸n de la ley, no puede existir un trato diferenciado, porque de ser as铆, se estar铆a violando el principio de igualdad procesal consagrado a favor de todos los ciudadanos, sin distinci贸n del cargo o 聽mandato que hayan tenido.
