+ El legislador exigió que las autoridades asuman esta crisis con la urgencia requerida
Morelia, Michoacán, 13 de mayo 2026.- En Michoacán se tiene registro de 645 niñas, niños y jóvenes desaparecidos. Cada uno de estos casos representa una derrota colectiva, reprobó Toño Carreño Sosa.
Al citar cifras oficiales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH, el diputado por Movimiento Ciudadano, consideró que la desaparición de menores es de las crisis humanitarias más alarmantes y dolorosas en el país.
A nombre de la Bancada Naranja, indicó que el informe de la CIDH advierte que, al mes de junio de 2025, México superaba las 128 mil personas desaparecidas y que existen además más de 70 mil cuerpos sin identificar bajo custodia del Estado.
“No son estadísticas, son familias destruidas, pupitres vacíos, proyectos de vida arrebatados por la violencia, la omisión institucional y el avance del crimen organizado”.
Lo anterior, explicó Toño Carreño, es porque la propia CIDH ha sido clara: existe una preocupación especial por el reclutamiento de menores por parte de organizaciones criminales. El informe recoge testimonios sobre adolescentes de apenas 13 y 14 años utilizados como combatientes, mensajeros o en actividades vinculadas al narcotráfico.
Muchos son enganchados mediante promesas falsas, amenazas o por la desesperación económica que viven miles de familias mexicanas.
La problemática, agregó el diputado, se relaciona con la debilidad institucional, la impunidad y la ausencia de una estrategia integral de protección para nuestras infancias.
“Desde Movimiento Ciudadano sostenemos que el Estado mexicano le ha fallado a sus niñas, niños y adolescentes cuando no puede garantizarles lo más elemental: regresar vivos a casa”.
Tras enfatizar que no podemos seguir reaccionando únicamente cuando una tragedia se vuelve mediática, exigió que las autoridades asuman esta crisis con la dimensión y urgencia que merece, sin ningún tipo de situaciones partidistas.
Además, finalizó, de exigir el fortalecimiento inmediato de los mecanismos de búsqueda de menores, protocolos con enfoque comunitario intercultural y de protección a la niñez, así como la coordinación efectiva entre fiscalías, cuerpos de seguridad y sistemas de protección a menores.
