La legisladora presentó este martes al Pleno del Congreso, una iniciativa para reformar la Ley de Educación del Estado, a fin de obligar su creación
“La violencia sexual y de género en los contextos escolares, como en casi todos los espacios de la vida social, tiene una condición estructural, sustentada en los estereotipos de género y en las relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres que imperan en la organización académica”.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en el Congreso, recordó que muchas mujeres han salido a denunciar casos de acoso en las universidades, que lejos de ser espacios libres de violencia, han terminado siendo espacios donde prevalecen múltiples formas de violencia sexual, desde acoso, chantaje, intimidación y humillaciones, entre otras, que ocurren en muchas de las ocasiones, con la anuencia silenciosa de toda la comunidad.
“Esta realidad ha salido a la luz pública gracias al activismo de los movimientos feministas que han visibilizado a través de las redes sociales, las manifestaciones y la instalación de tendederos, como medio de expresión y denuncia contra los agresores, así como la ausencia de instancias y protocolos que atiendan los diferentes tipos y casos de violencia que se presentan en la comunidad universitaria y en las instituciones del nivel medio superior”.
Pese a ello, Lucila Martínez refirió que la respuesta de las instituciones educativas ha sido inconsistente y se ha quedado, muchas veces, en el mero discurso, por ello lo indispensable que resulta la implementación de protocolos y el establecimiento de mecanismos de investigación y sanción eficaces, a través de unidades de género.
Ante el panorama que se vive, refirió que como Congreso del Estado se tiene la obligación de a la brevedad revisar y actualizar el marco normativo, con el propósito de prevenirlas y erradicarlas; así como evitar que lleguen a constituirse en delitos de mayor gravedad como la violación o el feminicidio.
Por ello, presentó este día la iniciativa de reforma en la que propone establecer la obligación legal para que las instituciones de educación media y superior constituyan unidades de género dentro de su estructura orgánica, como una acción eficaz para erradicar y atender los casos de acoso y violencia, así como para prevenir.
