Morelia Michoacán a 28 de abril de 2026.- Estalla la indignación en el Telebachillerato 221, ubicado en el Puerto de Buenavista de esta ciudad capital, donde padres de familia denunciaron públicamente presuntos actos de violencia verbal de un profesor contra estudiantes, pero lo que ha encendido aún más el enojo social es lo que califican como protección institucional y total abandono por parte de las autoridades educativas.
De acuerdo con los testimonios, un docente —que apenas se presenta uno o dos días a la semana—, llega únicamente a insultar, humillar y descalificar a los alumnos, generando un ambiente tóxico que ya ha provocado la salida de al menos dos estudiantes.
Lejos de atender la situación, los padres denuncian que la respuesta de directivos y autoridades educativas ha sido prácticamente nula. “Si no les gusta, saquen a sus hijos”, aseguran que fue la única contestación que recibieron tras acudir a instancias oficiales.
El caso ha escalado rápidamente y ahora apunta directamente a la titular del sistema, Cristina Portillo Ayala, a quien acusan de tolerar e incluso, presuntamente permite este tipo de abusos, sin que haya consecuencias o alguna llamada de atención.
Entre los padres de familia crece la sospecha de que el docente señalado estaría siendo protegido, lo que explica el porqué —a pesar de las múltiples quejas—, no ha sido removido ni sancionado.
La denuncia también golpea directamente al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, al evidenciar lo que los afectados consideran un sistema educativo rebasado, indolente y sin control.
Para los padres de familia, este caso deja claro que los discursos oficiales sobre educación y bienestar juvenil contrastan con la realidad que viven los estudiantes en las aulas.
Los tutores fueron contundentes al lanzar la advertencia de no permitir que sus hijos sigan siendo víctimas de maltrato, mientras las autoridades “se lavan las manos”.
Por ello, exigen la destitución inmediata del docente señalado como presunto abusador, así como abrir una investigación seria y la intervención urgente del gobierno estatal antes de que el problema escale a mayores consecuencias.
