– La iniciativa busca ampliar la definición legal para incluir precampañas, procesos internos y el ejercicio del cargo
– Entre 2020 y 2025 se han registrado casi 100 casos en Michoacán, evidenciando que el problema va más allá de las campañas electorales
Morelia, Michoacán, 12 de mayo de 2026.- La democracia no sólo se afecta cuando se impide votar, también cuando se impide competir, cuando se bloquea o se desacredita a una mujer por razón de género, apuntó Teresita Herrera Maldonado, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar una iniciativa para ampliar en el Código Electoral de Michoacán la definición de violencia política contra las mujeres en razón de género.
Explicó que la propuesta busca ampliar el alcance de la conducta actualmente prevista en la ley, para que no se limite al tiempo en que se desarrolla la campaña electoral, sino que incluya también la obstaculización de precampañas, procesos internos de selección, aspiraciones políticas y el ejercicio del cargo público de mujeres electas o designadas.
“La reforma que hoy propongo tiene como finalidad robustecer la definición local de violencia política contra las mujeres en razón de género, precisando que las acciones u omisiones basadas en elementos de género pueden impactar no sólo en candidaturas o campañas, sino también en precandidaturas, aspiraciones, procesos internos, funciones partidistas, cargos públicos electivos o designados, y en el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo, labor o actividad pública”.
Herrera Maldonado destacó que, de acuerdo con registros del Instituto Electoral de Michoacán existen 30 quejas por violencia política de género, mientras que el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán documentó 98 casos entre el 2020 y 2025, lo que evidencia la necesidad de visibilizar este problema más allá de los periodos electorales.
“La violencia política por razón de género no ocurre únicamente en periodo electoral, puede presentarse antes, durante y después de los procesos electorales; al interior de los partidos políticos; en los procesos de selección de candidaturas; en las precampañas; en el ejercicio de cargos públicos; y también cuando las mujeres acceden a una función pública mediante designación, sustitución, nombramiento o determinación de una autoridad competente. Es urgente poner un alto a esta situación”.
Finalmente, señaló que esta iniciativa contribuye a cerrar las brechas de desigualdad y a fortalecer el marco legal necesario para erradicar de manera integral la violencia política contra las mujeres por razón de género.
