Por Boris González Ceja
Nuestra identidad no es un hecho aislado del presente; somos, de manera estricta, la suma de lo que decidimos recordar y lo que elegimos sanar, de lo que hicieron con nosotros y lo que aceptamos ser con lo que podemos. Sin embargo, en la administración pública y en el inconsciente colectivo, la memoria padece una amnesia crónica.
Vivimos bajo un vacío planificado que se traduce en el abandono sistemático de la salud mental, un olvido institucionalizado que se complementa con el miedo.
En México, e históricamente en regiones clave como el Estado de México, la Ciudad de México o Jalisco, ignorar el dolor psíquico no es un error de diagnóstico ni una omisión involuntaria. Es una decisión presupuestal fría, calculada y, con demasiada frecuencia, el resultado directo de la corrupción criminal que cobra vidas.
Los datos de salud pública dibujan un panorama desolador que debería encender las alarmas de todos. A nivel nacional, el Presupuesto de Egresos determinó un recorte del 13.8% en salud mental en comparación con ejercicios previos, destinando apenas el 1.5% del gasto total del sector salud a esta área. Esta cifra violenta flagrantemente el 5% mínimo sugerido por la OMS.
El panorama local es todavía más mezquino y doloroso. El Estado de México, por ejemplo, presenta una de las tasas de prevalencia de depresión más altas del país, afectando con especial crueldad a las mujeres. En Michoacán, la miseria presupuestal es de dar vergüenza: se destinan menos de dos pesos de cada cien del presupuesto sanitario a la prevención de trastornos emocionales y psicológicos. Mientras tanto, en Jalisco, las familias enfrentan una altísima tasa de diagnósticos de trastornos mentales crónicos sin que exista una sola propuesta presupuestal novedosa para atenderlos.
El actuar de los diputados en este tema es hipócrita, por no llamarlo cómplice. En la mayoría de los Congresos de los Estados, como en Sinaloa y Michoacán, grupos de farsantes aprueban pomposas reformas legislativas «en favor de los derechos emocionales», colgándose medallas falsas frente a los micrófonos. Sin embargo, detrás de la foto meten una trampa discursiva infame: estipulan que estas leyes quedan «sujetas a la disponibilidad financiera existente». Es decir, derechos de papel sin un solo peso de respaldo. Usan la salud mental como un estandarte gratuito para los fines privados de un par de charlatanes.
Mientras las instituciones simulan preocupación por las alarmantes tasas de suicidio y el trauma comunitario derivado del desplazamiento forzado, los recursos públicos se van con particulares.
Es una burla para quienes fuimos considerados “héroes de la pandemia”, atendiendo en primera línea el quiebre emocional de la población durante el COVID-19, mientras el sistema nos precarizaba.
La memoria los estados no olvida los desfalcos estructurales que desmantelaron el sistema sanitario, operados con nombre, apellido y complicidades documentadas. Los dirigentes de esos saqueos son presentados hoy como los próceres de la salud, por ejemplo:
• Roberto Madrazo Pintado (Político y empresario): Investigado a través de su red de empresas médicas por beneficiarse de contratos millonarios que superan los 300 millones de pesos, otorgados de manera directa por el gobierno silvanista.
• Silvano Aureoles Conejo (Exgobernador de Michoacán): Bajo el amparo de su administración, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó un desfalco histórico superior a los 30,000 millones de pesos. Parte sustancial de este daño patrimonial provino directamente del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, desangrando los hospitales públicos.
• Tenemos un largo etcétera en los estados, pónganle nombres ustedes.
Mantener viva la memoria colectiva es nuestra única herramienta para exigir que los presupuestos dejen de ser el botín de unos cuantos corruptos. Los legisladores que hoy revisan el gasto público deben entenderlo con claridad: una sociedad sin presupuesto para su salud mental es una sociedad condenada a colapsar bajo el peso de sus propios traumas ignorados.
Causas y azares
• Vaya escándalo en la Secretaría de Marina con el tema del exsecretario y sus sobrinos, salpicando la reputación de la institución más confiable del país. En medio de este fango dinástico, la pregunta es inevitable: Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos?
• ¿Tenemos el gobierno que nos merecemos? Un régimen que nada de a muertito, administrando el dinero público para sus gandallas amigos mientras deja a su suerte y en el abandono a ciudades enteras que claman por justicia y seguridad.
• Ya desfilaron otra vez en la SEDENA. Ahora la ciudadanía exige que dejen de simular y que desquiten los multimillonarios presupuestos que reciben. Esas cifras astronómicas no se notan en las calles ni en el combate real a los narcos, quienes siguen dominando impunemente comunidades enteras donde viven millones de personas.
Nos estamos viendo, que pensar es olvidar diferencias.
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